Sobre la Participación, evaluación y gobierno de los centros
Nº 87. Marzo de 1995
Revista de Acción Educativa

La Comunidad educativa, se ha visto sorprendida de nuevo, por la presentación del anteproyecto de ley Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros, sin un debate social previo. El proceso comenzó con el dictamen favorable del Consejo Escolar del Estado por un estrecho margen de votos. Unos días después y con una rapidez inusitada el Gobierno lo remitió al Parlamento para su aprobación. Ante estos hechos, las organizaciones sindicales, estudiantiles y los Movimientos de Renovación Pedagógica se han desmarcado del mismo, exigiendo la retirada del proyecto y un amplio y profundo debate social.

Desde Acción Educativa y otros movimientos, aplaudimos, en su momento, la puesta en marcha de la LODE. Una ley que venía a poner orden en el caos educativo español y a adaptar la realidad de los centros a la sociedad democrática y pluricultural en la que vivimos. Recibimos, asimismo, la LQGSE, como un viento de aire fresco y renovador, como una esperanza. Como la concreción de una buena parte de nuestras propuestas históricas sobre el modelo de Escuela Pública. Esperanza que se esfuma poco a poco ante la normativa que la va desarrollando y que se aleja cada vez más de la filosofía que la impulsaba.

Un paso significativo en este alejamiento, en esta desesperanza, se concreta en este anteproyecto que entra en clara contradicción con muchas de las reivindicaciones históricas de las organizaciones progresistas y que abre formulas muy peligrosas, de marcado carácter conservador, para la Escuela Pública.

No podemos estar de acuerdo con una ley que jerarquiza aún más el modelo público de enseñanza y que impulsa una gestión poco o nada democrática de los centros. Que recorta las competencias de los claustros y de los consejos escolares. Que jerarquiza los centros hasta límites insospechados. Que hace de los directores meros representantes de la administración. Que, en definitiva, retoma el viejo y caduco modelo del cuerpo de directores que ya creíamos felizmente superado.

No podemos estar de acuerdo con una ley que hace de la función inspectora una función fiscalizadora, bajo el supuesto de ciertas normas de evaluación de las que no se mencionan los criterios, ni se posibilita que estos sean fruto de un amplio consenso. ¿Acaso el MEC se ha olvidado, que en la misma LQGSE, se dice que la evaluación ha de tener una finalidad formativa?

Tampoco podemos estar de acuerdo con una ley que abre una vía de privatización en los centros públicos, al dejar en manos de estos, el alquiler de sus instalaciones. Quizá lo que sucede al Ministerio es que no sabe como financiar adecuadamente la Escuela Pública y quiere que sean sectores privados de la sociedad quienes lo hagan. ¿No es contradictorio, que centros públicos tengan distintas posibilidades, distintos recursos, distintas vías de financiación...? ¿Esto no genera más desigualdades...?

Por eso, pedimos al Ministerio que retire urgentemente este proyecto de ley y que posibilite un debate entre todos los sectores implicados en el que podamos debatir muchos de los interrogantes que esta ley nos vuelve a plantear: la gestión democrática y colegiada de los centros, el consenso sobre los criterios de evaluación interna y externa de los mismos y de los distintos profesionales que trabajan en ellos, la representatividad paritaria y justa de los distintos sectores de la comunidad educativa, las responsabilidades de los claustros y de los consejos escolares, la no jerarquización de la enseñanza, facilitando así el acercamiento al cuerpo único de enseñantes... Pero, sobre todo, exigimos al MEC que cierre taxativamente toda posibilidad de privatización de los centros públicos, que con esta ley queda abierta.